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Por Claudia Vargas-Ribas 1

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) actualmente hay más de 7 millones de venezolano/as que han emigrado, eso significa que 22% de su población está fuera del país, la mayoría se encuentra en países de América Latina y el Caribe (LAC) y más específicamente en países andinos: Colombia, Perú y Ecuador, en ese orden. Sin embargo, la salida de estas personas -según el período y contexto en el que lo hicieron- ha sido diferente, a partir del año 2016 la población que sale de Venezuela lo hace en condiciones de mayor vulnerabilidad; las rutas terrestres comienzan a ser más frecuentes, incluso algunas personas hicieron el trayecto caminando, otras por la urgencia y necesidad de la salida viajaban sin documentos básicos (pasaporte, apostillas, visas, permisos) o apenas con su identificación y también con escasos recursos económicos, se estima que entre finales del año 2016 y 2018 emigraron de Venezuela unas 2.791.212 personas (con datos R4V).

Esa cifra que daba cuenta de la emergencia humanitaria en Venezuela significó para los países un inesperado y acelerado aumento -en poco tiempo- de población migrante, por lo que las respuestas implementadas obedecían a la emergencia del momento, pero no a la complejidad del fenómeno. Una de las principales “medidas” que tomaron de forma progresiva y con un efecto cadena en los principales países receptores, fue la solicitud de requisitos y/o visas para la entrada de venezolanos/as con el objetivo de “controlar y ordenar” esta migración (ver cuadro de infografía con países y fecha de implementación). Este hecho claramente no detuvo la entrada, pero por las condiciones en las que migraban la mayoría no podían cumplir con tales requisitos, aumentando así la vulnerabilidad de estas personas que para llegar a estos destinos, no solo tuvieron que exponerse por caminos irregulares, redes de “coyotes” y afines, sino que además tenían una situación administrativa irregular que ya los condicionaba a empleos precarios o a la informalidad laboral, nula o escasa integración y dificultad para el acceso a derechos básicos (vivienda, alimentación, salud y educación) situación que la pandemia y sus efectos agudizó.

Este contexto nos lleva a pensar sobre la capacidad o libertad efectiva de movilidad que tiene la población venezolana, para hacerlo consultamos la más reciente publicación de “Henley Passport Index” 2 . Este índice nos muestra que Venezuela tiene acceso a 126 países “sin necesidad” de una visa, a simple vista pareciera indicar que el pasaporte venezolano (para quienes lo tienen) posee gran apertura, pero hay algunos elementos de esta misma publicación que vale la pena resaltar y que muestran que la cantidad no es sinónimo de mayor acceso:

• Junto al “Passport index”, el Henley Passport Power nos señala que no solo la cantidad de destinos a los que se tiene acceso son importantes, sino la proporción del PIB global que tienen estos países. En el caso de Venezuela, los destinos a los que puede ir nuestros ciudadanos y ciudadanas, sin requerir visa, representan el 32,05% del PIB mundial. Usando esta referencia como un indicador del “poder económico” que tiene el pasaporte venezolano en particular, observamos que se ubica en una de las posiciones más bajas de la clasificación del “Passport index”, lo cual a su vez, refleja las limitadas alternativas que tiene la migración para mejorar sus condiciones socioeconómicas al salir del país.
• Otro punto de interés del índice es que ratifica lo señalado en párrafos precedentes, la mayoría de los países donde están los/as venezolanos/as o a los que pudieran emigrar por cercanía geográfica, cultural o proceso de reunificación familiar (algunas islas del Caribe, países andinos exceptuando Colombia) tienen restricción de entrada.
• En resumen, la población venezolana tiene movilidad internacional limitada, incluso aunque posea un pasaporte, lo cual también en términos de precios y tramites no es tan accesible para la población en Venezuela.

Este breve contexto de la situación de movilidad y migración venezolana actual evidencia las restricciones generales que existen para movernos, incluso si no tuviéramos intención de irnos de Venezuela, al mismo tiempo que para aquellas personas que lo han hecho supone limitaciones para la integración y acceso a derechos. Muchas de las políticas en la región de LAC, donde hay más población venezolana, no han trascendido de mecanismos ad hoc, procedimientos transitorios de regularización o no han considerado que las propias barreras impuestas para evitar su entrada han hecho más difícil cubrir costos y/o procedimientos para poder regularizarse, convirtiéndose este proceso en un eterno circulo de limitaciones. Es necesario desde nuestros espacios revisar y sistematizar los mecanismos existentes en la región, identificar qué países han tenido mejores prácticas en este proceso y comenzar a desarrollar recomendaciones hacia soluciones más duraderas en esta materia que finalmente supone el derecho a circular libremente.

ARTÍCULO CON EL CUADRO DE PAISES QUE SOLICITAN VISAS

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1 Profesora e investigadora en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Socióloga, Magister en Ciencia Política especializada en Políticas públicas, migración general y migración venezolana. Investigadora de Éxodo, A.C.

2 El índice de pasaportes de Henley (HPI) es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa y se basa en datos exclusivos y oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA ). La metodología de este informe señala que se miden 227 destinos y 193 países. Disponible en: https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2023-q3

3 El costo de pasaporte por 10 años cuesta $203 y el salario mínimo, según la moneda de cambio y el promedio de bonificaciones aprobadas que no son para toda la población, no pasa de $50 al mes. La otra limitación es geográfica, las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) no siempre son accesibles para todas las personas en Venezuela, en el caso de quienes no viven en ciudades principales de los estados o en zonas rurales, además del costo del trámite deben agregar costos de desplazamiento.

 

 

Aimee Zambrano y Reina Baiz Villafranca

JENNIFER PAOLA MORA SÁNCHEZ, es una joven que al momento de desaparecer tenía 18 años de edad; y que el día 22 de marzo de 2023 cumplió 25 años; a la fecha su familia, amigos y amigas la están buscando activamente.

Jennifer estaba iniciando la carrera de Comunicación Social y quería emprender también la carrera de Psicología; pero su desaparición el 20 de agosto de 2016 dejó todos sus sueños y aspiraciones rotas. Ella se encontraba en el balneario Mi Bohío en Puerto Ordaz, estado Bolívar, junto con su hermana y un grupo de amigas y amigos; y a las 5:30 PM aproximadamente fue sola al sanitario, y esa fue la última vez que la vieron.

Familiares, amigas y amigos buscaron infructuosamente a Jennifer hasta que comenzó a oscurecer, luego colocaron la denuncia, la cual fue procesada 72 horas después de la desaparición. La búsqueda por parte de las personas más cercanas a ella continuó por quince (15) días sin contar con el respaldo de las autoridades.

Han transcurrido más de 6 años sin que la familia, amigos y amigas tengan información de la condición y situación en la que se encuentra Jennifer Mora, las autoridades no han dado oportuna respuesta a la solicitud de justicia e investigación.

Es imprescindible que en Venezuela se incluyan las #Desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes como una forma de violencia en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para así contar con protocolos de investigación, búsqueda y rescate, considerando que cada segundo transcurrido es un paso a la impunidad.

Es necesario implementar medidas de alerta inmediata ante las #Desapariciones, no se puede esperar 72 horas para realizar la denuncia e inicien la investigación penal, se necesita #URGENTE sistemas de alertas como los que se implementan en otros países: Ámber, Alba, Isabel Claudina que permiten salvar vidas.

Basta de revictimización, basta de impunidad. Es una exigencia de los movimientos feministas, de las supervivientes de violencia basada en género y de las y los familiares de las personas desaparecidas en Venezuela.

Por una movilidad humana informada, planificada segura y voluntaria.

#DóndeEstáJenniferMora

#BuscarlasHastaEncontrarlas

#HastaEncontrarla

#DesaparecidasVzla

#NoMásTrata

#NoMásEsclavitud

#NoMásExplotación

#LibresDeViolencias

#UnidasContraLaTrata

#JuntasAvanzamos

#SororidadEnAcción

 

Caracas, 8 de marzo 2022

Para este 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas propusieron como tema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” con el objetivo de reconocer la importante y necesaria contribución de las mujeres, adolescentes y niñas en la construcción de un
futuro más sostenible para todas las personas.

Del mismo modo, la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles incluye la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres, adolescentes y niñas como su objetivo N°5. Para alcanzarlo, los Estados deben poner fin a todas las formas de discriminación contra ellas mediante el desarrollo de normas, políticas públicas y acciones basadas en los principios de equidad y complementariedad, con pertinencia sociocultural, lingüística y enfoque de género intercultural e interseccional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado consagra la igualdad como uno de sus máximos valores2 y no permite las discriminaciones, esto con el objetivo de alcanzar una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural3. No obstante, se requieren acciones y voluntad para llevarla a la práctica.

La igualdad de género es hoy un concepto efímero en Venezuela, una realidad que se desdibuja ante la profundización de las brechas de género derivadas de la crisis económica, social, política y humanitaria que padece el país desde hace varios años, agudizada por el impacto del COVID 19, que expone a las mujeres, adolescentes y niñas a mayor riesgo y discriminación.

Es imposible hablar de Igualdad de Género en la Venezuela de hoy, cuando: 2.52 millones de mujeres, adolescentes y niñas son población vulnerable4 que no cuenta con los medios para garantizar su supervivencia y requieren una pronta respuesta institucional y comunitaria para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección. Las mujeres, adolescentes y niñas representan el 56% de la población meta del Plan de Respuesta Humanitaria para 20215.

El número de femicidios se ha más que duplicado en los últimos 5 años, de 122 en 2016 ascendió a 290 en 20216. Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres que ocurre en el país, no sólo de la que se da en el contexto de las relaciones de pareja, sino también de aquella que se produce a nivel comunitario, de la derivada de la discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual, de la expresada en forma de explotación sexual comercial, trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, y de la violencia sexual en sus diversas manifestaciones.

La trata es la segunda causa de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela y una forma extrema de violencia basada en género que se encuentra invisibilizada por la misma naturaleza del delito y cuya incidencia es significativamente mayor en población femenina. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma que existe correlación entre la contracción del producto interno bruto (PIB) y el aumento de los flujos de trata originados en Venezuela hacia países de América del Sur, Centroamérica, Europa occidental y meridional, central y sudoriental. Para el primer semestre del 2021, se reporta el rescate de apenas 147 venezolanas tratadas.

El acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido una situación de violencia no está garantizado. El 91,5% de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas. El número de denuncias de violencia contra las mujeres también ha disminuido drásticamente en los últimos 6 años11. Esto obedece a fallas en la recepción de las denuncias y a la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad del sistema de justicia, incapaz de brindar seguridad, protección, tutela jurídica efectiva y reparación.

La violencia hacia las mujeres atenta contra derechos individuales y colectivos fundamentales. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad han sufrido la violencia física en 97,7% y de violencia sexual en 79,5%, generando consecuencias negativas en su esfera personal12 y afectando sus derechos individuales. Por su parte, en los pueblos indígenas, donde las mujeres son garantes de la vida, la existencia y permanencia de las culturas originarias, poseedoras de los conocimientos ancestrales y transmisoras de los valores, principios e idiomas maternos, la violencia contra ellas afecta su esfera personal, representa una amenaza a la continuidad cultural y constituye un factor que perturba la conservación y protección de la madre tierra y la vida en el planeta.

Las mujeres indígenas en Venezuela no cuentan con la protección especial que requieren debido a la interseccionalidad de diversas condiciones de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, indígenas, por estar en situación de pobreza y por su cosmovisión. No tienen garantizados sus derechos
humanos, particularmente el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, a la alimentación y a la salud. De cada 100 indígenas, 10 viven con VIH y no cuentan con los medicamentos para sobrellevar las enfermedades endémicas y disminuir la tasa de mortalidad. La violencia obstétrica y la espiritual se profundizan en esta población que va perdiendo sus costumbres ancestrales. La explotación sexual comercial es una grave realidad en los estados
Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, donde prevalece el estereotipo de inferioridad sexual de las mujeres. También sufren violencia política.

Venezuela no cuenta con normativas referentes a la identidad de género u orientación sexual que brinden protección a las mujeres LBTIQ+, ni leyes integrales que permitan a las mujeres supervivientes defenderse contra la discriminación, o el abordaje a los delitos de odio motivados por
la orientación sexual o la identidad de género.

Las mujeres venezolanas tienen vulnerado su derecho a la salud al no tener acceso a programas de información, prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos para condiciones de salud crónicas como el cáncer, hipertensión y el VIH.

Las mujeres trabajadoras suelen percibir un 17.7% menos del salario que los hombres en el mismo cargo; se enfrentan a no ser contratadas por su condición de mujer y posible condición de madre, y no cuentan con espacios de trabajo libre de acoso.

Las mujeres de sectores populares, las más vulnerables, además de pobreza económica poseen pobreza de tiempo. Estas mujeres dedican entre 13 y 16 horas diarias a labores de cuidado y no tienen tiempo para actividades remuneradas.

La crisis de servicios, energética y de transporte hacen más pesada esta carga de cuidados. Las mujeres que están al pie de la cama de sus hijos e hijas en hospitales públicos realizan un trabajo no remunerado y no cuentan con ninguna pensión del Estado16. No se les reconoce su labor como cuidadoras no profesionales, actividad que representa un gran ahorro para el sistema de salud. No existen políticas públicas de cuidado en el país. Las sobrecargas de cuidados en las mujeres reproducen la feminización de la pobreza y las hacen más vulnerables a la violencia.

La educación pública venezolana está en crisis, existe un déficit de docentes -en su mayoría mujeres- que se estima en 24,9%, y de este total, el 40% es debido a la migración forzada17. La deserción estudiantil a nivel básico y medio se situó en un 15% en los últimos tres años. Adicionalmente, hay un deterioro generalizado en servicios (agua, electricidad, internet) e infraestructura, barreras de acceso a materiales educativos y a los propios planteles por la crisis de transporte. La extrema pobreza de la población y las brechas tecnológicas limitan el acceso a la educación a distancia.

Todo esto genera consecuencias negativas en el proceso educativo, bienestar general y salud mental de niñas, niños y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes se suman barreras asociadas a las cargas de cuidado y a la pobreza menstrual.

Hay vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años y apenas el 37,9% las adolescentes sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos. La baja tasa de prevalencia obedece a fallas en el acceso a los mismos, toda vez que más del 50% de las mujeres no pueden comprarlos debido a los altos costos.

Esto repercute en embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo en adolescentes, abortos inseguros y en definitiva, en una pérdida de la autonomía física para las mujeres.

Ante esta crítica situación, es necesario llevar a cabo #8AccionesPorLasMujeres, a fin de garantizar los derechos humanos y la protección integral y efectiva de mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. En concreto, exhortamos a:

Los donantes, las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales humanitarias:

1. Garantizar que el 100% de las acciones de respuesta humanitaria y programas de desarrollo cuenten con un enfoque participativo y centrado en la persona sobreviviente, en el que las mujeres, niñas y adolescentes sean protagonistas de su proceso para salir de situaciones de violencia, así como de su desarrollo integral (económico, psicológico, social y de participación política), el de sus familias y comunidades, a fin de acceder a medios de vida e incentivar la independencia y autonomía económicas.

2. Asegurar que exista una adecuada transversalidad24 del enfoque de género en la Respuesta Humanitaria; que toda acción se dirija a disminuir las brechas de género y que con ellas no se refuercen estereotipos de género, ni sexistas. Estas medidas contribuirán a que la igualdad de género sea posible.

3. Exigir que toda acción o programa, cuente con enfoque interseccional de diversidad cultural y multiétnica, a fin de no generar brechas intragénero y garantizar una respuesta real y efectiva a aquellos grupos de mujeres marcados por vulnerabilidades diversas como mujeres de pueblos indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, adultas mayores, lesbianas, mujeres trans, mujeres campesinas, mujeres cuidadoras, mujeres privadas de libertad, entre otras.

4. Instar al Estado venezolano a la actualización, producción y publicación de estadísticas que permitan la formulación de políticas públicas para la erradicación de la violencia, y que promuevan el desarrollo de programas y sistemas de recolección, sistematización y análisis de datos sobre las distintas realidades y problemáticas que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres. Así mismo, a que se establezcan los mecanismos o instancias de sinergia para la integración, colaboración y activa participación de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil venezolana.

5. Fortalecer las organizaciones de mujeres, feministas, comunitarias y de derechos humanos con trabajo en materia de mujeres, niñas y adolescentes, y proteger la integridad y seguridad personal de las defensoras y feministas. Es urgente corregir la utilización de las organizaciones locales como subcontratadas. Las organizaciones lideradas por mujeres y/o de derechos de las mujeres se encuentran entre los activos más valiosos de la atención a las comunidades y la respuesta humanitaria porque: a) están en la primera línea de respuesta; b) son las que mejor conocen las necesidades y permanecen en el territorio, aun cuando las organizaciones internacionales pasen a atender la siguiente crisis; c) suelen tener un enfoque integral y de largo alcance que supera el modelo de asistencia de corto plazo. Solicitamos que el Coordinador Humanitario lidere un plan de contingencia y mitigación de riesgos, dirigido a organizaciones locales y en específico a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. Los casos de detención, abusos, allanamientos e incautación de bienes que han sufrido distintas organizaciones locales erosionan el espacio humanitario y ponen en riesgo su labor, libertad e integridad personal.

6. Desarrollar presupuestos sensibles al género, que garanticen un porcentaje a las organizaciones de mujeres y feministas, y establezcan mecanismos eficaces de transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas. En línea con los compromisos internacionales de la “localización” firmados por organizaciones internacionales y agencias de ONU, como el “Grand Bargain” y “Charter for Change”, los presupuestos deben permitir la implementación directa de las organizaciones locales y cumplir la meta de 25%.

A la institucionalidad venezolana:

7. Garantizar la creación de un mecanismo de participación democrático de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la Comisión Nacional para el Cumplimiento del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instancia creada recientemente en el marco de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia realizada en diciembre de 2021.

8. Fortalecer las capacidades y herramientas de las servidoras públicas, servidores públicos y de todas las Instituciones que integran el Sistema de Administración de Justicia Especializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres, para garantizar un efectivo acceso a la justicia a las niñas,
adolescentes y mujeres en Venezuela, y permitir el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección y de seguridad decretadas por los órganos competentes, garantizando así la reparación integral.

ONG que suscriben
Academia de Solidaridad Lucelia. Acción Campesina
Acción Solidaria ALAPLAF
ALMA APFAS
AsoVida – Asociación por la Vida Estado de Mérida. Ateneo Ecológico del Orinoco “Simón Bolívar”
ATRAEM
AVESA

Azul Positivo
Berenjena Empoderada CAIPI
Casa del Nuevo Pueblo.
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Mons. Oscar A. Romero”
CAUCE
Centro de Derechos Humanos de la UCAB Guayana Centro de Educación Integral Asociación Civil
Gurrufio Portuguesa.
Centro de Estudios de la Mujer Universidad Central de Venezuela.
Centro LGTIQ+ CEPAZ
CERLAS- Red Entretejidas Club de Leones Internacional
Club de Leones Lechería Mujeres e Innovación Codhez
COFAVIC
Comité de Derechos Humanos de la Guajira. Con Ellas
Empre Mujeres Programa de Desarrollo Integral de la Mujer. Por la Fundación Soy Crear
Éxodo Feminismo INC. FUNCAMAMA
Fundación Mavid Carabobo
Fundación para la Defensa Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Zulia.
Fundación Parkinson Carabobo Fundación Váyalo
Fundación Vida Jurídica FundaMujer
Hombres por la Equidad e Igualdad. Juventud Preventiva

Ladeshu -Laboratorio de Desarrollo Humano Médicos Unidos. Carabobo, Venezuela Mujeres para el
Mundo.
Mujeres sin Fronteras
Mujeres Unidas por la Salud. (MUSAS) Mullier
No Permitas Malos Tratos. Nuevo Amanecer
Observatorio Guayanés de Violencia de Género. Observatorio Insular de Violencia de Género.
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Padres Organizados
Para Salud de Todas – Alianza de organizaciones Parir con Placer
Prepara Familia

Red de Mujeres Portuguesa Red Mérida Feminista
Red Naranja
Red Sororidad – Pacto entre Ellas Red Venezolana de Gente Positiva Resonalia
SOMOS
Transparencia Venezuela. ULA, Comisión de la Mujer UNIANDES
Unión Afirmativa Uquira
Venezolanas GLOBALES Voces Vitales Venezuela Women Riots
Women’s Link Worldwide Red Rosa Venezuela

NOTAS:
1ONUMujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2021/12/dia-
internacional-de-la-mujer-2022-igualdad-de-genero-hoy-para-un-manana-sostenible
2Artículo 2 de la CRBV, ver: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
3Preámbulo de la CRBV, ver: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
4Plan de Respuesta Humanitaria. Disponible en:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_plan_de_respuesta_humanitaria
_actualizacion_2021_junio2021.pdf
5Ídem
6https://cepaz.org/noticias/durante-el-mes-de-diciembre-hubo-34-feminicidios-en-venezuela/ Para
otras cifras recabadas por organizaciones de la sociedad civil durante los años 2020 y 2021 ver
Utopix, 2022, en: https://utopix.cc/pix/diciembre-de-2021-son-20-casos-de-femicidios-para-un-
total-de-239-femicidios-este-ano/ y las últimas publicadas por el Ministerio Público en 2016:
Mujeres al Límite 2017, en: https://avesa.blog/informes-sobre-derechos-humanos-de-las-
mujeres/mujeres-al-limite-2017/
7Desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres: una forma de violencia basada en género (2021).
Disponible en:
https://exodo.org.ve/wo-content/uploads/2021/04/Desapariciones-de-niñas-adolescentes-y-
mujeres-en-Venezuela.pdf
8Ministerio público, datos suministrados por la Dirección General de Prevención del Delito en
Recomendaciones para una política pública de identificación y acompañamiento de víctimas (2019).
disponible en: https://exodo.org.ve/wp-content/uploads/2021/04/Desapariciones-de-ninas-
adolescentes-y-mujeres-en-Venezuela.pdf
9Ver: https://rednaranja.com.ve/activismo/mulier-presenta-su-informe-libresyseguras-sobre-
venezolanas-rescatadas-de-redes-de-trata-de-personas-en-el-2020/
10De acuerdo a cifras presentadas por el Fiscal General de la República para el 2020, del total de
denuncias recibidas por violencia contra las mujeres (27.007) sólo el 8,5% llegó a una acusación ante

los tribunales (2.297), Ver:Informe “Venezolanas en Emergencia”. (2021). Disponible en:
https://avesawordpress.files.wordpress.com/2021/12/venezolanas_emergencia_2021.pdf
11En el año 2014, el número de denuncias recibidas por violencia contra las mujeres de acuerso al
Ministerio Público fue de 70.812 (ver Mujeres al Límite 2017, en:
https://avesa.blog/informes-sobre-derechos-humanos-de-las-mujeres/mujeres-al-limite-2017/)
mientras que para el 2022, de acuerdo con información del Fiscal General de la República fue de
27.007 Ver: Informe “Venezolanas en Emergencia”. (2021). Disponible en:
https://avesawordpress.files.wordpress.com/2021/12/venezolanas_emergencia_2021.pdf)
12Ver: http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/las-mujeres-con-discapacidad-son-mas-
vulnerables-padecer-violencia-de-genero#
13Según el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
14ENCOVI 2021. Ver https://www.cinco8.com/perspectivas/como-la-brecha-salarial-de-genero-
afecta-a-las-venezolanas/ 15Op. Cit.
16Mas información en: https://www.lavidadenos.com/lasvocesdeljm/category/madres/
17Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela: Reporte Final septiembre 2021. Ver:
https://eneed-venezuela.org/wp-content/uploads/VNZ_Education_Diagnostic_spanish.pdf 18DEV,
CIED y UCAB, 2021, ver: https://elucabista.com/2021/11/10/la-escuela-venezolana-perdio-12-
millones-de-alumnos-revela-nuevo-estudio-de-la-ucab/
19Ídem.
20Según la información emitida por la Unidad Democrática del Sector Educativo, (UDSE), al cual
calificó como una “Catástrofe educativa”.
21Estrategia de enseñanza empleada ante las medidas de confinamiento por COVID-19.
22Estudio realizado en mujeres del Distrito Capital y el estado Miranda.
23Nota AVESA. Disponible en: https://avesa.blog/2021/02/09/impacto-de-la-emergencia-por-covid-
19-en-la-prestacion-y-acceso-a-los-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-en-distrito-capital-y-
estado-miranda/
24Transversalizar la perspectiva de género es una estrategia para conseguir que las preocupaciones
y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las
esferas, políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración
es conseguir la igualdad de los géneros. ECOSOC, 1997.
25La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración
de políticas que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que
conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y
oportunidades, AWID, 2004

#8ActionsForWomen

#8ActionsPourLesFemmes

#8AccionesPorLasMujeres

 

Las proyecciones para este año 2022 indican un incremento en migrantes y personas con necesidad de protección internacional provenientes de Venezuela, llegando a alcanzar la cifra de unos 8.9 millones de personas aproximadamente, ¿Por qué? En este sentido, como bien lo señala, la investigadora Norma Ferrer “la corrupción (específicamente la gran corrupción) puede ser una causa de movilidad humana, ya que impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas, erosionando todo el sistema democrático del Estado, debilitando el estado de derecho, creando un nexo entre corrupción y violaciones de derechos humanos, robando el futuro a las personas al destruir el sistema económico, educativo y de salud, generando con esto la migración forzada de millones de personas y la necesidad de protección internacional en muchas otras”.

Es así, como la corrupción es catalizadora de la movilidad humana forzada, masiva, insegura, no planificada, impactando y afectando diferenciadamente a las niñas, adolescentes y mujeres, quienes al verse forzadas a migrar, están más expuestas a las diferentes formas de violencias basadas en género, tan aberrantes como la trata de personas, explotación sexual comercial, sexo por supervivencia, entre otras.

Por ello, es necesario que tracemos #LaMejorRuta para la migración segura, ordenada, responsable, planificada e informada, previniendo los riesgos que pueden encontrarse en la ruta migratoria, pero al mismo tiempo exigiendo a las autoridades de los Estados de origen, tránsito y destino las medidas necesarias y efectivas para la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como lo es la trata de personas en sus distintas modalidades de explotación.

#MigrarConApoyo
#NoMásTrata
#LibresDeViolencias

En el inicio de la semana de la migración fijamos nuestra atención en el TAPÓN DEL DARIÉN que ha sido calificado como una de las rutas migratorias más LETALES de América, se encuentra ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, es una selva pantanosa que une América del Sur con Centro América, siendo paso irregular obligado para las personas que caminan en búsqueda del tan ansiado sueño americano, llegar a los Estados Unidos, pero también para las redes de narcotráfico, quienes imponen su violencia.

Más del 50% de los y las migrantes que atravesaron el tapón del Darién en enero de 2022 procedían de Venezuela (OCHA, Gobierno de Panamá), ante el contexto humanitario complejo sin precedentes que vive el país, forzando la movilidad humana, deciden atravesar una de las selvas más mortales del mundo, exponiéndose a situaciones tan extremas por las mismas condiciones naturales y las diferentes formas de violencias basadas en género de las que pueden ser víctimas.

Una migrante de Ghana para la BBC afirmaba “No lo haga. Ese es el infierno. A nosotros no nos queda de otra”, si las condiciones de Darién son inhóspitas y duras para cualquier persona, para las niñas y mujeres son más peligrosas, en una entrevista en El Nacional una migrante Venezolana relato como fue violada por siete hombres, soportando tratos crueles, inhumanos y degradantes, le pegaban, le ordenaban que se moviera, se burlaban, todo lo ejecutaban delante de otras personas, que no podían hacer nada, porque les amenazaban de muerte, presenciando como violaban a una adolescente Cubana de 13 años, para tratar de ayudarla le decía que la mirara a los ojos, diciéndole que ya va acabar, por hablar la amenazaron con partirle la cara, por eso no pudo hablar más, después de terminar les decían que corran porque si no le disparan por la espalda.

Desde #LaMejorRuta promovemos la importancia de reflexionar e informarse antes de
ejercer la movilidad humana, la vida es uno de los derechos y valores fundamentales
que debemos tener presente.

#LibresDeViolencias
#MigrarConDerechos
#NoMásXenofobia

¿Qué es un crimen de odio? comprende cualquier ofensa criminal motivada por prejuicios, en razón de la religión, género, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, o el origen étnico o nacionalidad.

Estos crímenes engloban el homicidio, femicidio / feminicidio, violación, la intimidación, el incendio provocado, la destrucción, el daño o vandalismo a la propiedad.

Actualmente Venezuela enfrenta un contexto humanitario sin precedentes; forzando la movilidad humana a los países de América del Sur, Trinidad y Tobago, entre otros, exponiendo a las personas a la violencia, siendo un 40% de la población en situación de movilidad niños o niñas. Según cifras de UNICEF se calcula que unos 438.000 NNA de Venezuela están en necesidad de asistencia, señalando que “Dos de cada tres venezolanos en movimiento son mujeres y niños. Este trágico evento es un claro recordatorio de que ellos son los más vulnerables entre los vulnerables. Merecen especial atención, protección y seguridad, en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Muchas de estas personas viven situaciones de discriminación y xenofobia que pueden desencadenar en crímenes de odio que atentan contra la dignidad humana, integridad y la vida de las personas migrantes. Ante ello, exigimos justicia y garantía de sus derechos.

Desde #LaMejorRuta rechazamos estos actos inhumanos, exigimos el derecho a un tratamiento responsable, digno y libre de violencias de las personas en situación de movilidad que requieren protección internacional.

#LibresDeViolencias
#MigrarConDerechos
#NoMásCrimenesdeOdio

 

El #30DeEnero es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia promovido por la UNESCO en 1993. En este día se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a las injusticias.

Resaltamos la importancia de erradicar todas las formas de violencias aun presentes en las instituciones escolares como el acoso escolar, la xenofobia, la violencia sexual y basada en género. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las adolescentes y niñas en especial aquellas que han migrado y deben adaptarse a nuevos entornos.

Por ello, desde #LaMejorRuta promovemos el valor de la educación frente a las diversas formas de violencias porque a través de ella, los niños, niñas y adolescentes adquieren las habilidades necesarias para llevar una vida digna, respetable y los ayuda a romper con el círculo de pobreza, violencia y discriminación.

#LaMejorRutaVe
#MigrarConDerechos
#LibresDeViolencias

 

 

El #27DeEnero es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, proclamado por las Naciones Unidas, para conmemorar la liberación en 1945, por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

Por ello, rendimos tributo a las víctimas afectadas, y ratificamos la lucha contra toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. También reflexionamos sobre la importancia de informar, educar en inclusión y derechos humanos para evitar las ideologías extremistas e intolerantes que fomentan ladiscriminación de las minorías y grupos vulnerables como las personas migrantes, LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y en particular las mujeres, adolescentes y niñas.

Pese a que recordamos el fin del exterminio nazi, no olvidamos otras formas de discriminación aún presentes en el siglo XXI como el machismo, racismo, xenofobia, homofobia, entre otras y trazamos #LaMejorRuta que protege los derechos de los y las migrantes como espacio seguro libre de toda forma de discriminación y violencias.

#LaMejorRutaVe
#MigrarConDerechos
#LibresDeViolencias