De la ruptura de la tierra a las grietas en la protección: Violencias sexuales en contextos de terremotos

De la ruptura de la tierra a las grietas en la protección: Violencias sexuales en contextos de terremotos

Reina Alejandra Baiz Villafranca


Cuando la tierra se sacude, los cimientos de las estructuras físicas no son los únicos que colapsan; también lo hacen los frágiles sistemas de protección social que apenas logran sostener la seguridad y protección de las niñas, adolescentes y mujeres en tiempos de normalidad. 


Existe un mito profundamente arraigado de que los desastres naturales son democráticos y neutrales en cuanto al género. Sin embargo, la teoría y la evidencia feminista demuestran que el impacto diferenciado de las catástrofes entre hombres y mujeres, como por ejemplo los terremotos, no hacen más que amplificar, acelerar e institucionalizar las desigualdades y violencias de género preexistentes.


Bajo esta idea se tiende a priorizar el rescate las primeras 72 horas, como si las violencias sexuales y las redes de trata van a esperar, sin considerar que en los contextos post-desastre, los cuerpos de las mujeres y las niñas se convierten en el territorio donde se recrudece la violencia sexual. En este artículo se analiza cómo el desplazamiento, la pérdida de infraestructura y la militarización de la ayuda humanitaria interactúan para crear un escenario de vulnerabilidad extrema para las niñas, adolescentes y mujeres.


Se debe superar el mito de la neutralidad del desastre, entender que existe un continuo de la violencia, para comprender la violencia sexual tras un terremoto, es imperativo abandonar la idea de que estos eventos son puramente «naturales». Los desastres son construcciones sociales (Enarson y Morrow, 1998). La violencia de género no brota de la nada entre los escombros; opera bajo lo que las teóricas feministas denominan el continuo de la violencia. Si una sociedad ya es estructuralmente patriarcal como la venezolana, el colapso del orden público liberará y legitimará las agresiones sexuales como mecanismos de control y dominación.


En Venezuela, vivimos un doblete sísmico de 7,2 y 7,5, es importante comprender como los factores de riesgo habituales, durante y después de los terremotos se multiplican exponencialmente: por la pérdida de la vivienda y del espacio seguro, su destrucción obliga al hacinamiento en alojamientos temporales; destrucción de redes de apoyo, con la ausencia o muerte de familiares, amigas y redes comunitarias de cuidado deja a las niñas y mujeres en un estado de aislamiento social y desprotección; el colapso institucional, las policías, fiscalías y centros de salud suelen quedar inoperativos, eliminando las vías de denuncia y la atención médica de emergencia (como la anticoncepción de emergencia o la profilaxis post-exposición para el VIH).


Paradójicamente, los lugares diseñados para salvaguardar la vida de las sobrevivientes, los alojamientos temporales, suelen transformarse en zonas de alto riesgo para la integridad sexual de las mujeres y las niñas, los espacios carecen de sanitarios, así como de la planificación desde un enfoque de género intersectorial. Las deficiencias estructurales operan como facilitadores de las violencias sexuales a través de dinámicas muy específicas, como la falta de privacidad y segregación espacial. En las primeras semanas tras un terremoto, los alojamientos temporales suelen consistir en macro-carpas o espacios comunes sin divisiones por sexo ni núcleos familiares, las mujeres se ven obligadas a cambiarse de ropa, dormir y amamantar a la vista de extraños, lo que incrementa el acoso y las agresiones nocturnas (Fisher, 2010).


También la inseguridad en las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene (WASH), por ejemplo, los baños y duchas comunitarios suelen estar mal iluminados, carecer de cerrojos internos y estar ubicados en las periferias oscuras de los campamentos, lo cierto que caminar hacia los baños durante la noche se convierte en una de las actividades más peligrosas para las mujeres y niñas en zonas de desastre (World Health Organization [WHO], 2002). 


A todo ello, se le suma la escasez de recursos básicos, como la comida, agua, colchonetas, medicamentos, además de los sesgos al momento de entregar la ayuda humanitaria también empuja a muchas mujeres a la violencia sexual transaccional. En estos casos, se ven forzadas a intercambiar actos sexuales con líderes comunitarios, gestores de refugios o incluso personal de ayuda a cambio de insumos de supervivencia para ellas y sus hijos e hijas (IASC, 2015).


La historia reciente confirma este patrón sistemático de violencia, tras el devastador terremoto de Haití en el año 2010, los reportes de violaciones colectivas en los campamentos de Puerto Príncipe alertaron al mundo; la falta de iluminación y de seguridad policial convirtió las lonas de plástico en barreras inútiles contra las bandas armadas (Human Rights Watch, 2011).


Un panorama similar se observó tras el terremoto de Nepal en 2015, donde el colapso socioeconómico disparó no solo la violencia sexual en los asentamientos informales, sino también la trata de niñas con fines de explotación sexual hacia países vecinos (IPPF, 2016). Más recientemente, tras los sismos en Turquía y Siria en 2023, las organizaciones feministas locales denunciaron un repunte alarmante de la violencia familiar y agresiones sexuales en las zonas de refugio masivo, exacerbado por las tensiones del desplazamiento prolongado y la falta de espacios seguros exclusivos para mujeres.


Es así, como abordar las violencias sexuales en contextos de terremotos exige dejar de considerar la protección de las niñas y mujeres como una tarea secundaria o de «segunda fase» después de las 72 horas. Una gestión del riesgo con verdadera justicia de género debe implementar de inmediato a la ocurrencia del evento sísmico, las siguientes medidas:


  • Diseño seguro de alojamientos temporales con iluminación adecuada en zonas comunes, instalación de cerrojos en letrinas y segregación de espacios específicos para mujeres solas y familias lideradas por mujeres.

  • Distribución directa de la ayuda humanitaria, entregando los recursos y kits de dignidad (toallas sanitarias, linternas, silbatos de alerta) directamente a las mujeres para mitigar la dependencia y la explotación sexual.

  • Despliegue de patrullas comunitarias de mujeres, fomentando redes de autodefensa y monitoreo lideradas por las propias afectadas dentro de los alojamientos.

  • Puntos violetas para instalar clínicas móviles accesibles que garanticen la atención inmediata a las sobrevivientes de violación, destacando la necesidad de protocolos de emergencia médica y contención psicológica, sin necesidad de infraestructuras hospitalarias formales.


Finalmente, aunque el terremoto rompe la tierra, colapsando las infraestructuras, el patriarcado aprovecha las grietas para perpetuar su dominio a través de las violencias sexuales, no debemos seguir tratando la violencia de género en emergencias como un «efecto colateral» inevitable del caos, es importante reconocer que los desastres profundizan la opresión, es el primer paso para diseñar respuestas humanitarias que no solo reconstruyan paredes, sino que sostengan, de una vez por todas, la dignidad y la vida de las niñas y mujeres.


Referencias bibliográficas


Enarson, E., y Morrow, B. H. (Eds.). (1998). The gendered terrain of disaster: Through women’s eyes. Praeger.

Fisher, S. (2010). Violence against women and natural disasters: Findings from post-tsunami Sri Lanka. Violence Against Women, 16(8), 902-918. https://doi.org/10.1177/1077801210377649

Human Rights Watch. (2011). Nobody remembers us: Failure to protect women’s rights in Haiti’s IDP camps. https://www.hrw.org/report/2011/08/29/nobody-remembers-us/failure-protect-womens-rights-haitis-idp-camps

Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2015). Guidelines for integrating gender-based violence interventions in humanitarian action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery. https://gbvguidelines.org/

International Planned Parenthood Federation (IPPF). (2016). Disaster and gender-based violence: A study on the aftermath of the 2015 Nepal earthquake. IPPF South Asia Region.

World Health Organization (WHO). (2002). Gender and health in disasters. Department of Gender and Women’s Health. https://apps.who.int/iris/handle/10665/67634.


SOS Venezuela

SOS Venezuela

Reina Alejandra Baiz Villafranca


Escribir estas líneas no es fácil, cuando emocionalmente ha sido todo un desafío, observar lugares en los que antes había podido recorrer admirando sus paisajes y la calidez de su gente, las familias disfrutando, y ver cómo en un minuto con cincuenta y seis segundos (1:56) todo cambio, ahora son zonas de desastres, infraestructuras colapsadas, que antes eran los hogares y lugares seguros de las familias, niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.


Aunque los terremotos son eventos naturales, sus consecuencias se incrementan por la falta de políticas públicas en materia de protección civil, la escasa o nula dotación de recursos materiales de acuerdo a los estándares internacionales, así como construir edificaciones en zonas en las que no se recomienda.


La realidad es que ninguna persona está preparada para perderlo todo, incluso la vida en un segundo, se tiende a pensar que después podemos hablar con esa amiga/o que tenemos tiempo sin llamar ni encontrarnos, abrazar a las personas que queremos, manifestarles nuestros sentimientos, nos llevamos por la rutina, es cuando las tragedias nos muestran que podemos no tener un mañana.


No puedo imaginarme el impacto que han sufrido las personas supervivientes, que a pesar de la tragedia vivida, a más de quince días, siguen buscando a sus familiares, se mantienen en las edificaciones con la esperanza de encontrarles con vida, todavía siguen esperando la “ayuda” que no llega, bajo la presión del tiempo, el deber ser, es que en el mismo momento de los sucesos debían recibir inmediatamente respuesta de las autoridades competentes, pero no fue así, todavía ni siquiera las maquinarias llegan, basta revisar las redes sociales de su preferencia, para evidenciar los gritos desesperados de ayuda desde los escombros, en los primeros minutos de la catástrofe, duele en el alma, pero es momento de reflexionar sobre ¿Cuántas personas murieron por la tardanza en el rescate?.


Las primeras 48 horas son cruciales para salvar vidas, aunque vecinos, vecinas, las propias comunidades, familias fueron las primeras en tratar de ayudar, a pesar de no contar con implementos mínimos como guantes, picos, palas para poder sacar personas debajo de los escombros, llegaron a utilizar sus propias manos, tanto hombres como mujeres, para salvar a otras personas, eso demuestra la nobleza e idiosincrasia de venezolanos y venezolanas. 


Nos quedan los recuerdos, las experiencias, todo lo vivido, aunque mi alma llora, nos levantamos para seguir trabajando por construir una Venezuela para todas las personas, sin ninguna exclusión ni discriminación, que no se dejen morir a nadie más debajo de los escombros en ninguna tragedia, por la falta de prevención, la inoperancia y la negligencia.


Venezuela, aunque es una zona sísmica, no tiene cultura sísmica, poco o nada nos enseñan en las escuelas, en el trabajo, en las comunidades, cómo reaccionar, qué se debe o no hacer. Por eso muchas personas lo primero que hicieron, al encontrarse en un piso alto, al sentir el movimiento sísmico, fue salir corriendo a las escaleras, quedando atrapadas, encontrando la muerte.


Quizás nunca conoceremos los datos reales, por la tardanza en la respuesta integral por parte del Estado, además centrarnos en los datos invisibiliza a las personas que representa cada número, no se tratan de número fríos, aislados, son historias, afectos, familias, cuyas vidas son valiosas ¿Cómo llegamos a este punto?


Desde pequeña tengo conocimiento que Venezuela es un país sísmico, por lo menos tenemos tres grandes fallas que están activas, como son Boconó, San Sebastián, el Pilar, es decir, siempre existe el riesgo latente de los terremotos, no es un hecho para nada nuevo, basta recordar nuestra historia, por mencionar algunos terremotos Caracas 1967, Cariaco 1997, los más recientes, por ello resulta insólito que Protección Civil no cuenta con las maquinarias ni los recursos materiales, humanos para rescatar a las personas debajo de los escombros, se requiere una gestión pública centrada en salvar vidas, no palabras vacías ni discursos políticamente correctos, además de financiamiento, porque la corrupción mata, cuando no se invierte en lo que debería invertirse para salvar a las personas.


Siguen sucediendo terremotos en Venezuela, pero los gobiernos no entienden ni comprenden la importancia de la cultura sísmica, ni mucho menos invierten en recursos humanos y materiales para salvar vidas, una interrogante que les incentivo a responder a cada persona que lee estas reflexiones ¿Cuánto tiempo tardó el Estado en dar respuesta e iniciar labores de rescate en los edificios colapsados? ¿Cuándo llegaban tenían guantes, cascos, todos los implementos y maquinarias para los rescates?


Podemos reflexionar sobre la importancia de invertir en protección civil, dejar los conciertos de carnavales, gastos superfluos y todo lo que implique gastos que en nada contribuyen a salvar vidas, ya basta de tanta desidia, tratando de ocultar el sol con un dedo, no se puede, es mejor asumir responsabilidades por la negligencia de no contar con protocolos adecuados para realizar las operaciones de rescate en todas las zonas afectadas, no solamente en el Distrito Capital.


Nuevamente ha sido el pueblo quien salvo a vecinos, vecinas, sacando escombros con sus propias manos “bajo la mirada de las autoridades”, aunque cada segundo cuenta para salvar vidas, los rescates se tardaron mucho, existen zonas en las que ni siquiera llegaron, pero ante las voces que se alzan para reclamar nuestros derechos, siguen las detenciones para callarnos.


El doblete sísmico nos afectó, pero nunca nos quitará la esperanza, no nos rendimos, ni dejamos de levantarnos con una sonrisa, evidencia nuestros corazones que laten por un futuro mejor, mostrando la solidaridad, la grandeza del trabajo en equipo, entendiendo que unidas/os somos más fuertes.

Moda sostenible: análisis feminista del extractivismo textil y consumismo en el ciclo de la vida

Moda sostenible: análisis feminista del extractivismo textil y consumismo en el ciclo de la vida

Reina Alejandra Baiz Villafranca



Estamos a pocos días del mes de noviembre, de las fiestas decembrinas de navidad y fin de año, que suele ser una época de compras para regalos, estrenos, juguetes, y en el plano económico, uno de los sectores de mayor auge es el textil. Pero ¿qué tipo ropa compramos? ¿Cuánta ropa compramos anualmente? ¿Qué le enseñamos al comprar ropa a nuestras hijas e hijos? Porque las normas de género presionan a las niñas, mujeres jóvenes y mayores a centrarse en la apariencia, la moda y la belleza, y por lo tanto, a consumir en exceso, impactando en el comportamiento de las mayores consumidoras compulsivas de la moda, que es una forma de expresar riqueza, posición social e identidad individual, la vestimenta indica su estatus social.


La industria de la moda contemporánea constituye uno de los engranajes más voraces del capital global, lejos de ser un ámbito neutro dedicado únicamente a la estética o la funcionalidad, el sistema textil acelerado, también conocido como fast fashion o moda rápida, opera mediante la articulación de dos dinámicas estructurantes, como es la explotación laboral intensiva en el Sur Global, sosteniendo una división sexual e internacional del trabajo manifiestamente feminizada, y la depredación sistemática de los bienes comunes de la naturaleza (Herrero, 2019; Svampa, 2019). Frente a este escenario, la moda sostenible surge no solo como una alternativa de consumo responsable, sino como un campo de disputa político y ético que exige ser analizado desde una epistemología feminista crítica.


El modelo de producción de la moda rápida se cimenta sobre la precarización de millones de trabajadoras, según datos de la Clean Clothes Campaign (2020), más del 80% de la fuerza laboral en la confección textil a nivel mundial son mujeres, concentradas predominantemente en países del Sur Global como Bangladesh, Camboya, India y zonas francas de América Latina. Precisamente esta feminización de la mano de obra no es casual; responde a la instrumentalización patriarcal de roles de género que naturalizan la docilidad, la minuciosidad del cuidado y la aceptación de salarios de subsistencia bajo la premisa del «ingreso complementario» (Federici, 2013; Mies, 2019).


La moda rápida de bajo costo, está evolucionando como ultrarrápida, teniendo un impacto a nivel ambiental con la contaminación, emisiones de gases, residuos textiles, la producción de ropa en masa, la compra constante dejando montañas de ropas desechadas, pero también tiene un impacto social, evidentemente para realizar una prenda de ropa a bajo costo se explota laboralmente a otras personas, incluyendo niños, niñas, mujeres, que trabajan horas en condiciones extremas para fabricar la ropa a bajo costo, situación que nos debe llevar a reflexionar hasta qué punto estamos frente a la trata de personas, mientras otras personas compran la ropa impulsivamente sin importarles la explotación a la que se encuentran expuestas las mismas. 


Comprender que somos corresponsables de lo que compramos, con nuestro dinero podemos llegar a mantener y reproducir industrias de explotación de personas, por ello es importante una moda sostenible en la que se respete la dignidad humana, no podemos seguir naturalizando y convalidando con nuestra compra la explotación.


Las condiciones de trabajo en los talleres de confección abarcan jornadas extenuantes, ausencia de libertad sindical, exposición a químicos nocivos para la salud y situaciones reiteradas de acoso y violencias sexuales. El colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh en 2013, donde murieron más de 1.100 personas, en su gran mayoría mujeres jóvenes, evidenció de forma trágica la jerarquía de vidas desechables sobre la que se erige la acumulación del capital textil (Bair et al., 2017).


A la par de esta injusticia social, la industria textil representa la segunda más contaminante del planeta, por abarcar el uso intensivo de pesticidas en los monocultivos de algodón sintético hasta el vertido de micro plásticos y tintes tóxicos en fuentes hídricas comunales, la producción desmedida destruye los territorios que sustentan la vida, por ello desde el ecofeminismo se señala que la lógica que explota los cuerpos de las mujeres es idéntica a la que expolia los ecosistemas: una racionalidad androcéntrica y biocida que antepone la ganancia privada a la sostenibilidad de la vida (Puleo, 2019; Shiva, 2016).


El análisis feminista de la moda debe atender, asimismo, a su dimensión simbólica, porque la moda rápida no solo produce indumentaria deshechable; produce identidades, subjetividades y mandatos corporales, la aceleración de los ciclos de consumo impone la obsolescencia programada no solo de la ropa, sino de la propia apariencia (Sassatelli, 2012).


Este engranaje se articula con la tiranía de la belleza normativa, la industria textil perpetúa estándares corporales homogeneizantes, eurocéntricos y gordofóbicos que disciplinan los cuerpos femeninos, generando insatisfacción crónica e hiperconsumo como mecanismos de validación y aceptación social (Wolf, 2020). Es así como la prenda de vestir deja de ser una herramienta de cobijo y expresión para convertirse en una tecnología de control patriarcal que evalúa a las mujeres en función de su adaptabilidad a la tendencia del momento.


Frente a la crisis socio ecológica del sector, el mercado ha respondido mediante estrategias de greenwashing y femwashing, en las que corporaciones transnacionales lanzan líneas «conscientes» o «ecológicas» mientras mantienen intactas las estructuras de explotación en sus cadenas de suministro y promueven volúmenes de producción incompatibles con los límites planetarios (Kaufman, 2021).


Una verdadera moda sostenible articulada desde el feminismo no puede limitarse al consumo individual ni a la adquisición de prendas «éticas» de alto costo accesibles solo para elites urbanas, por ello, reducir la sostenibilidad a una elección de mercado reproduce lógicas de clase y elude la responsabilidad colectiva de la sociedad.


Pensar la indumentaria desde una ética ecofeminista del cuidado implica reconfigurar nuestra relación con los objetos y los bienes comunes (Puleo, 2019), al politizar el acto de vestir, se entiende que cada prenda lleva inscrita la carga de trabajo humano y los recursos ecológicos empleados en su elaboración. Valorar los saberes tradicionales y locales, reivindicando las prácticas de confección, reparación, intercambio y reciclaje textil históricamente sostenidas por redes de mujeres y comunidades indígenas como actos de resistencia frente a la estandarización mercantil (Shiva, 2016).


Exigir justicia laboral y ambiental, demandando marcos regulatorios que garanticen salarios dignos para todas las personas, condiciones de trabajo seguras y el cese de la contaminación territorial por parte de las transnacionales. Así como desmantelar los mandatos estéticos, transitando hacia una relación con la ropa basada en la comodidad, el afecto, la durabilidad y la autodesignación corporal, fuera de los dictados del mercado o la estética normativa.


Finalmente, la moda sostenible reconcebida desde la teoría y la praxis feminista, se transforma en un vector de emancipación, autonomía e independencia de las mujeres, vestir con sentido político significa habitar el cuerpo sin presiones ni la tiranía de la norma y exigir un sistema socioeconómico que ponga la dignidad humana, el cuidado de la vida y el planeta en el centro del desarrollo.


Referencias bibliográficas


Bair, J., Miller, D., & Dickson, M. A. (Eds.). (2017). Workers’ rights and labor compliance in global supply chains: Is a social label the answer? Routledge.

Clean Clothes Campaign. (2020). Fashioning a just recovery: How the fashion industry must change after COVID-19. Clean Clothes Campaign. https://cleanclothes.org

Federici, S. (2013). Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de Sueños.

Herrero, Y. (2019). Sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos: Hacia una antropología ecofeminista. Revista de Economía Crítica, (27), 59–75.

Kaufman, L. (2021). Greenwashing and the limits of corporate social responsibility in the global apparel industry. Environmental Politics, 30(4), 512–531.

Mies, M. (2019). Patriarcado y acumulación a escala mundial (2.ª ed.). Traficantes de Sueños.

Puleo, A. H. (2019). Claves ecofeministas: Para rebeldes que aman a la Tierra y a la vida. Cátedra.

Sassatelli, R. (2012). Consumo, cultura y sociedad. Amorrortu Editores.

Shiva, V. (2016). Las guerras del agua: Privatización, contaminación y lucro (2.ª ed.). Siglo XXI Editores.

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Calas.

Wolf, N. (2020). El mito de la belleza: Cómo las imágenes de belleza se utilizan contra las mujeres (3.ª ed.). Editorial Planeta.


– Romper el silencio – Representaciones y significados de la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres

- Romper el silencio -
Representaciones y significados de la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres

Reina Alejandra Baiz Villafranca


Romper el silencio no es fácil para las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, intervienen tanto factores internos como externos que le impiden en muchas ocasiones buscar ayuda, así como denunciar los hechos, los mismos comportamientos de los servidores públicos y las servidoras públicas en la ruta crítica de acceso a la justicia le impiden continuar con el proceso, porque dejan de creer y tener confianza en las Instituciones, por acciones u omisiones de individualidades. 

Como bien lo señala Aponte Sánchez, Élida “Una mujer víctima de violencia se refugia en el silencio. Esconde la problemática no solo porque no tiene elementos para la explicación y la comprensión de su situación, sino porque la violencia que se ejerce contra ella, en muchos casos, se ha ido amasando y agravando de manera progresiva…Ningún caso de violencia contra una mujer es igual a otro”, pueden ser hechos que cuesten creer, inverosímil, pero suceden, por ejemplo, Hortensia fue encerrada, privada de su libertad durante más de 40 años en su casa en el estado Sucre en Venezuela, por quien era su pareja, que pertenecía a una de las familias más adineradas, propietarias de medios de comunicación social, por ello nunca fue detenido, ni los hechos publicados en los periódicos, las radios, todo lo contrario, el agresor nunca fue procesado, sin embargo, a Hortensia le arrebataron su vida, sus afectos, privándola de lo más valioso que tenemos la libertad, a pesar de ser rescatada, terminó falleciendo en estado de abandono.

El silencio termina siendo interpretado por los servidores públicos y las servidoras públicas como “masoquismo”, sin entender, como bien lo señala Aponte Sánchez, Élida que ese silencio es el resultado de sumar la pérdida de la autoestima, el miedo, la culpa, la desesperanza, la soledad y una cotidianidad cargada de amenaza y horror, agregando a todo lo expuesto por la autora, que el mismo agresor puede generar la dependencia emocional y económica como estrategias para mantener a la víctima sumergida en el ciclo y escalada de la violencia de género en el contexto intrafamiliar.


Una vez que las mujeres y niñas rompen el silencio, inicia la ruta crítica que es un proceso complejo en el que los factores y las representaciones sociales se entrelazan, tanto los internos como los externos para fortalecer o debilitar a las mujeres en su decisión de iniciar y continuar esa ruta, no solo se considera la respuesta del sistema judicial, es necesaria una respuesta multisectorial, el sistema educativo, salud, organizaciones sociales, comunitarias (Equipo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Mujeres al Oeste).

En la sentencia del Caso García se evidencia las terribles consecuencias de la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones ante hechos de violencia contra las mujeres en el contexto intrafamiliar, incumpliendo con la obligación de la debida diligencia, como bien lo señalan los jueces en la sentencia penal «…a la íntima convicción de que los hechos hubiesen sido distintos de haberse tomado medidas adecuadas, o aunque fuera mínimas…» que «…una restricción de acercamiento o alguno que otro llamado de atención hubiesen disparado en él mecanismos de alerta y dejado de alimentar esa sensación de impunidad típica del individuo violento a quien nadie pone límites…», efectivamente una evaluación de riesgos, así como la aplicación de medidas de protección y de seguridad necesarias y urgentes podría haber salvado la vida a los niños.

En la referida sentencia, describen como en la primera denuncia se dejó asentado que era costumbre del marido de la señora Mabel Adriana García ingresar a la vivienda de la denunciante, pegarle y romper cosas, luego, en la segunda denuncia, la señora García expuso que su esposo se había presentado durante su ausencia en su domicilio, sacando por la fuerza a la hermana de la denunciante y rompiendo una computadora en presencia de sus hijos, agregó que A. R. B. la amenazaba y que el día 1 de agosto de 2000 la tiró del auto en marcha al enterarse que había iniciado acciones legales, ante la situación, la fiscalía tomó conocimiento de los hechos acaecidos en la primera denuncia, no fue sino hasta después de la segunda de ellas (luego de dos meses) que dispuso la realización de medidas instructorias con relación a las situaciones vivenciadas, con posterioridad, se resolvió archivar las actuaciones, tras considerar que no encontraba debidamente acreditada la materialidad de los delitos denunciados, fue dictada el mismo día en que fueron encontrados sin vida los cuerpos de los niños.


De los hechos descritos en la sentencia del caso García se evidencia el transcurso del tiempo, la inacción de las Instituciones del Sistema de Justicia, ante los hechos de violencias, ni siquiera evaluaron los riesgos, tampoco decretaron las medidas de protección, por ello su inacción está estrechamente relacionada con la muerte intencional de los niños.

En este sentido, Galletti, Hilda Gabriela sostiene que la exposición a la violencia no termina con la separación de los cónyuges; los encuentros posteriores con los padres que ejercieron violencias contra las madres luego de la separación, pueden resultar en una prolongación y en hasta un incremento de las violencias, como en el caso García que terminó como violencia vicaria, mato a los hijos para afectar a su ex pareja, madre de los niños.

Evidentemente como bien se expresa en la Sentencia del caso García, la debida evaluación de la situación podría haber razonablemente evitado lo sucedido, salvando la vida de los niños, el dictado de una medida de restricción de acercamiento, impedimento de contacto, cese de actos de perturbación, realización de evaluación y/o tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico, son algunas de las diligencias que pudieron adoptarse y que fueron soslayadas, la sentencia en crisis se basa en ideas estereotipadas acerca de lo que es la violencia intrafamiliar, que no permitieron reconocer la distinción del contexto de violencia para determinar las medidas que correspondía adoptar, y como derivación de esa mirada limitada de los hechos, no toma en cuenta el derecho aplicable que obligaba al Estado a dar otra respuesta, que es la obligación de la debida diligencia, constatándose prejuicios por parte de las autoridades encargadas de otorgar protección al manifestarse la incapacidad de apreciar la gravedad del riesgo de la situación a la que se enfrentaban la mujer y sus hijos, se privilegió el estereotipo de que una familia, tras la separación de los progenitores con dos hijos, uno de cuatro años y el otro de dos, aunque exhibiéndose relaciones asimétricas de poder de la pareja, a partir de un esposo y padre violento, debía ser capaz de arreglar los asuntos privados, aunque con el aval de considerar adecuado el acompañamiento de medidas tendientes a alcanzar la paz familiar a través del cumplimiento de las responsabilidades que los ligaba en su relación parental.

En la Sentencia del Caso García se evidencia como en la investigación se limitaron a la comprobación de la violencia física, dejando de lado otras formas de violencias, al no considerar la destrucción de las computadoras y del celular de la progenitora, así como la irrupción en la casa en forma intempestiva, por ejemplo, no fueron interpretadas con el alcance de hechos con posibilidad de ser tipificados como violencia patrimonial y psicológica o violencia mental hacia los niños, sin evaluar los riesgos de ir escalando otras forma de violencias. En este sentido, como bien lo señala Aponte Sánchez, Élida la violencia psicológica antecede a otras formas de violencias como, por ejemplo, la física, siempre estará presente en la violencia que se vivencia en el contexto intrafamiliar.

Lamentablemente en la actuación policial se evidencian prejuicios que conducen a la terrible muerte de los niños, la policía consideraba “que estaba imposibilitada de actuar”, porque entendía que de esa forma se tomaba partido en una disputa privada, además la falta de credibilidad al testimonio de la sobreviviente, como bien lo plasma Aponte Sánchez, Élida en su escrito, que el dicho de una mujer, está determinado por el sexismo, no se valora de igual forma el dicho de una mujer que el de un hombre. 

Otro de los estereotipos presentes en la fundamentación de la sentencia se revela en el reproche hacia la madre en el cumplimiento del rol de cuidado partiendo del estereotipo de la víctima ideal, la víctima perfecta que le encanta al sistema de justicia penal, quedando plasmada al señalar «…la repentina y perversa acción de B. fue incluso capaz de engañar al instinto maternal de la Sra. Mabel Adriana García, quien -evidentemente- tampoco pudo detectar en los eventos anteriores una latente conducta filicida de aquél», constatando de todo este desarrollo en torno a la actuación de la señora García, interpreto que el estereotipo de «buena madre» tuvo el efecto perjudicial de imponerle una carga adicional basada en su género, le agregaríamos que de esa forma, refuerzan en la víctima el sentimiento de culpa que puede llegar a sentir por los terribles hechos, en los que le arrebataron a sus hijos, como bien lo señalan Bellingeri, Georgina; Bellingeri, Lucía; Córdoba, Sol; Demo, María; Kees, Alexis “En muchos casos las mujeres son internadas cuando ya no pueden responder al mandato social que las ubica como responsables de la vida doméstica y las tareas de cuidado”.

Se evidencia en el caso de García lo que ocurre a lo largo de toda América como influyen los estereotipos, roles, espacios y prejuicios de género que han internalizado y naturalizado los servidores públicos y las servidoras públicas durante su proceso de socialización en la ruta crítica de acceso a la justicia de las niñas y mujeres.

Finalmente, lo cierto es que la violencia de género contra las niñas y mujeres debe tener una respuesta multisectorial, tanto el sistema de justicia, de protección integral a niños y niñas, salud, educativo, social, comunitario, familiar, son llamados actuar, deben estar articulados y en comunicación para garantizar la debida diligencia ante los hechos de violencias, comprendiendo que en las respuestas pueden estar entrelazadas con las representaciones y significados propios del sistema patriarcal, en el que se cuestiona el testimonio de la víctima, su sexualidad, privacidad, por ello, se debe de-construir los prejuicios, estereotipos, mitos, roles, espacios, relaciones de género para construir un mundo verdaderamente libre de todas las formas de violencias, alcanzando una igualdad de género real y efectiva.


Referencia bibliográfica


Aponte Sánchez, Élida. Contexto de la Violencia contra las Mujeres. En: Mujeres en el Laberinto de la Justicia.

Bellingeri, Georgina; Bellingeri, Lucía; Córdoba, Sol; Demo, María; Kees, Alexis. GT N 6: Desafíos y reflexiones del Trabajo Social y/o el Equipo de Salud en torno a las determinaciones sociales de la salud colectiva. Salud mental, mujeres internadas y abordaje profesional.

Equipo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Mujeres al Oeste. Acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia. Una vulneración más de sus derechos. En: Mujeres en el Laberinto de la Justicia.

Galletti, Hilda Gabriela. Niños y niñas expuestos a la violencia de pareja contra sus madres Consecuencias psíquicas y respuestas de la administración de justicia. En: Mujeres en el Laberinto de la Justicia.

Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de la Plata (2018). Sentencia definitiva en la causa A. 72.474, «García, Mabel Adriana contra Poder Ejecutivo s/ pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley«.. Ediciones B.


¿DÓNDE ESTÁ ESMERALDA CASTILLO RINCÓN? “No me olviden, falto yo”

¿DÓNDE ESTÁ ESMERALDA CASTILLO RINCÓN? “No me olviden, falto yo”

Reina Baiz Villafranca

@AbogadaReinaBaiz


Esmeralda Castillo Rincón es una adolescente de 14 años de edad, que se encuentra desaparecida desde el 19 de mayo de 2009, cuando se encontraba camino a la secundaria, en el centro de Ciudad Juárez – México, su historia se convirtió en un emblema de la deuda histórica del Estado mexicano con las niñas, adolescentes y mujeres. 


Su padre, José Luis Castillo, desde el mismo momento de la desaparición la busca incansablemente, día a día alza la voz recordando que «No me olviden, falto yo«, como una resistencia política frente a la inacción y negligencia institucional del Estado Mexicano, que busca gestionar la desaparición a través del olvido.


Es así, que la desaparición de Esmeralda Castillo, ilustra lo que Segato (2013) denomina la «escritura en el cuerpo de las mujeres«, destacando que las desapariciones en contextos de violencia sistémica no es un error del sistema, sino una función de este, operando como una tecnología de control que despoja a la sobreviviente de su identidad y estatus jurídico, dejando a la familia en un limbo de duelo suspendido.


En el año 2015, las autoridades mexicanas pretendieron cerrar el caso de Esmeralda, tras el hallazgo de un único resto óseo (una tibia), ante ello, la respuesta de la familia fue tajante: un hueso no es un cuerpo, ni explica una vida arrebatada, desafiando la narrativa del Estado que busca reducir a las víctimas a fragmentos biológicos para eludir la investigación de las redes de trata y protección oficial que permiten que estas desapariciones continúen (Cacho, 2014) impunemente hasta el día de hoy.


El lema «No me olviden, falto yo» es una interpelación a la conciencia colectiva y una denuncia a la jerarquización de las vidas. En este sentido, Butler (2006) argumenta que hay vidas que no son consideradas «dignas de ser lloradas» y, por tanto, sus desapariciones no generan una respuesta estatal efectiva. 


En cada marcha se porta el rostro de Esmeralda, obligando a la sociedad y al Estado Mexicano a reconocer que el espacio que ella ocupaba en la familia, en su escuela, comunidad, sigue vacío y que su ausencia es un acto de violencia de género permanente.


La desaparición de Esmeralda también pone de manifiesto la violencia institucional descrita por Lagarde (2006), cuando el Estado feminicida no solo es aquel donde se asesinan a las niñas, adolescentes y mujeres, sino aquel que carece de la voluntad política para investigar y que, mediante el maltrato a las familias buscadoras, perpetúa el daño. 


A la inacción del Estado, se suma el retiro de la imagen de Esmeralda de los memoriales públicos por parte de las autoridades, lo que representa un intento de borrado simbólico que la familia y el movimiento feminista han combatido mediante la re-apropiación del espacio público.


El caso de Esmeralda Castillo Rincón se enmarca en lo que Monárrez Fragoso (2009) define como feminicidio sexual sistémico, en Ciudad Juárez, la desaparición de mujeres jóvenes y pobres responde a una estructura donde convergen el sistema patriarcal, el capitalismo depredador y la colusión estatal. En la que se evidencia:

  • Invisibilización: El intento de dar por muerta a una persona, sin una investigación integral sobre cómo, por qué y quiénes la desaparecieron, no se reconoce la importancia de dar una respuesta a las familias.

  • Resistencia familiar: La transformación del dolor privado en protesta pública como única vía para alcanzar la justicia.

  • Memoria viva: La negativa a aceptar la «verdad histórica» oficial cuando esta no ofrece respuestas sobre ubicación, responsabilidad o el castigo de las personas culpables.


Todavía se desconoce el paradero de Esmeralda, lo que representa una vergüenza para la justicia mexicana, porque mientras el Estado ofrece fragmentos sin dar una respuesta integral, la lucha feminista exige la verdad de los hechos, alzando las voces para recordar que «No me olviden, falto yo«, siendo una promesa de que, mientras exista una voz que pronuncie su nombre, Esmeralda nunca será borrada ni olvidada, se exige que el Estado de México cumpla con su obligación de búsqueda y justicia para todas las niñas, adolescentes y mujeres que faltan.


Referencias bibliográficas 


Butler, J. (2006). Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Paidós.

Cacho, L. (2014). Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata de mujeres y niñas en el mundo. Debate.

Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. Desde el Feminismo, (4), 7-12.

Monárrez Fragoso, J. E. (2009). Trama de una injusticia: Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. El Colegio de la Frontera Norte.

Segato, R. L. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Tinta Limón.


La belleza ¿es PODER?

La belleza ¿es PODER?

Reina Baiz Villafranca


Este artículo se centra en analizar si efectivamente la belleza es poder, sus consecuencias e impacto en la salud de las niñas y mujeres, porque la belleza se encuentra estrechamente vinculada con la salud física y mental. 

Reflexionando sobre el proceso de socialización por el que pasamos las mujeres, que se inicia desde el vientre materno hasta la muerte, recordando las presiones sociales que se viven, así como las familiares para cumplir los estándares de belleza hegemónica. 

Lo cierto es que la premisa «la belleza es poder» ha circulado en nuestra cultura como una verdad absoluta, una creencia que se encuentra naturalizada e internalizada en las personas, llegando a pensar que la estética se ha presentado como una divisa intercambiable por estatus, fama, atención, recursos y servicios, un ejemplo, los padres, las madres que les pagan a sus hijas adolescentes cirugías estéticas para el aumento de sus mamas, sin valorar ni comprender lo que está detrás, ni considerar las consecuencias, siendo presas fáciles para la violencia estética. 

Desde una perspectiva feminista crítica, esta afirmación es una trampa dialéctica que merece ser desmenuzada, permitiendo incentivar la reflexión sobre ¿Es el poder estético una verdadera forma de agencia?, o ¿Es una concesión temporal dentro de un sistema patriarcal?, así como hasta qué punto contribuye a la cosificación de los cuerpos de las niñas y mujeres.

En este sentido, la socióloga Catherine Hakim, popularizó el término «capital erótico», sugiriendo que las mujeres deberían utilizar su atractivo físico, como una herramienta estratégica en el mercado laboral y social (Hakim, 2012), aunque esta visión parece pragmática, ignora que este «poder» es intrínsecamente frágil y caduco, se encuentra estrechamente vinculado con la edad, la belleza y la juventud es lo que se valora patriarcalmente.

A diferencia del conocimiento o la experiencia, la belleza hegemónica, tiene una fecha de expiración impuesta por la edad. Como señala Naomi Wolf, el mito de la belleza no se trata de la apariencia de las mujeres, sino de la obediencia institucionalizada, entendiendo que «La economía de la belleza se basa en la escasez y en la creación de una jerarquía que mantiene a las mujeres compitiendo entre sí en lugar de desafiar las estructuras de poder» (Wolf, 1991/2021).

El poder que emana de ser «bella» o lo que socioculturalmente se considera como bella, no es un poder autónomo; es un poder que depende de la validación externa, de otras personas, es decir, el poder estético, comprende la capacidad de ser elegida, mirada o deseada como un objeto. 

Cuando aceptamos que nuestra influencia reside en nuestra apariencia, nos sometemos a lo que Sandra Bartky (1990) describe como la vigilancia del panóptico, las mujeres internalizamos la mirada evaluadora y nos convertimos en nuestras propias carceleras, monitoreando cada caloría que comemos, arruga o imperfección, llegando a desvalorizar nuestros propios cuerpos por la presión social.

Pero ¿qué se considera belleza? Los estándares de belleza actuales, están profundamente arraigados en el racismo, el capacitismo y la gordofobia. Tradicionalmente se considera como bella, otorgando el «poder», a aquellas que se acercan a la norma blanca, delgada y cisgénero.

Como bien afirma la filósofa Susan Bordo (2003), el cuerpo femenino es un medio de control social donde se inscriben las normas de la feminidad dócil, obediente, por lo tanto, el «privilegio de la belleza» no es un triunfo feminista, sino una herramienta de exclusión que castiga a quienes no pueden o no desean encajar en el molde impuesto socialmente.

Si bien es innegable que existe una «prima por belleza» en nuestras interacciones sociales, llamarlo «poder» es una exageración peligrosa, en el mejor de los casos, es una estrategia de supervivencia, en un mundo que aún se resiste a valorar a las mujeres por su integridad intelectual, creatividad, personalidad, se les limita el acceso a las esferas de decisión política y económica, la estética aparece como un «atajo» hacia la relevancia, siendo un mecanismo de control social, que tiene consecuencias devastadoras para la autonomía y la salud de las mujeres.

Al reflexionar sobre las consecuencias de esta creencia, se pueden destacar las siguientes:


  1. La fragilidad de la autonomía: comprende la sustitución de la agencia real por la agencia delegada, es el llamado poder prestado, cuando una mujer obtiene beneficios a través de su apariencia, su «poder» no reside en ella, sino en la mirada de quien la observa y la valida. Según Wolf (2021), el mito de la belleza funciona como un modulador de control político; a medida que las mujeres logran avances en sus derechos, las exigencias estéticas se vuelven más rígidas para neutralizar ese progreso. El «poder estético» es una moneda que se devalúa con el tiempo, dejando a la mujer en una situación de vulnerabilidad extrema ante el envejecimiento, por ello, les cuesta decir su edad, o en los cumpleaños dicen que se quedan en 25 o 30 años.

  2. La auto-objetivación / cosificación de sus cuerpos: es entender el cuerpo como un activo de capital, el denominado capital erótico, las mujeres comienzan a verse a sí mismas como objetos para ser contemplados, mercantilizados. Fredrickson y Roberts (1997) explican que esta vigilancia constante sobre el propio cuerpo genera una ansiedad crónica y una disminución de la capacidad para estados de flujo (concentración profunda), porque si el «poder» depende de cómo nos vemos, la energía mental se desvía de la creación intelectual o el liderazgo, hacia el mantenimiento del atractivo físico, creando una brecha de productividad y bienestar emocional e integral.

  3. La exclusión interseccional y la violencia estética: al creer que la belleza es poder, se acepta que quienes no cumplen con los cánones hegemónicos carecen de él, afectando desproporcionadamente a las mujeres racializadas, con discapacidad, de edades avanzadas, o que no se “ajustan a los canones de belleza”. La violencia estética es una forma de violencia basada en género, que comprende la opresión de los cuerpos de las personas, afectando principalmente a las niñas, adolescentes y mujeres, para cumplir con cánones de belleza inalcanzables, promoviendo y controlando los cuerpos, a los fines de lograr alcanzar el estereotipo de belleza impuesto socialmente.

  4. La mercantilización de la salud: bajo la creencia de que la belleza es poder, “que para ser bella se deben ver estrellas”, se llega a considerar una inversión necesaria para el éxito, normalizando las intervenciones físicas riesgosas, las cirugías estéticas sin el control del Estado (sanitario), y los trastornos de la conducta alimentaria dejan de verse como problemas de salud pública, se encubren de «autocuidado» o «empoderamiento«. Bordo (2003) advierte que la cultura de la dieta y la modificación corporal son formas de disciplinar el cuerpo femenino, manteniéndolo en un estado de insatisfacción perpetua, que alimenta a la industria global de la belleza, manteniendo toda la maquinaria que opera en la producción de productos de belleza.

Es necesario redefinir lo que se entiende por belleza, que no sirva como un mecanismo de control de las mujeres, una prisión que limita su libertad, al pretender medir el valor de una mujer por su proximidad a un ideal estético inalcanzable, y aunque lo logre alcanzar, el poder será efímero, siempre condicional y revocable. Lo cierto es que la verdadera emancipación no consiste en tener el «poder» de ser mirada, sino en el derecho a ser valorada, escuchada y respetada como persona, sin que la apariencia sea el peaje obligatorio para acceder al mundo.

Finalmente, es importante comprender, que el empoderamiento, la verdadera emancipación de las mujeres, no viene por la perfección corporal, como estrategia para navegar mejor el patriarcado, sino de desmantelar la idea de que nuestro valor, nuestro poder, comienza y termina en nuestra imagen.


#NoMásExplotación

#LibresDeViolencias

#JuntasAvanzamos

#SororidadEnAcción


Referencias bibliográficas: 


Bartky, S. L. (1990). Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. Routledge.

Bordo, S. (2003). Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body (10th anniversary ed.). University of California Press.

Fredrickson, B. L., y Roberts, T. A. (1997). Objectification Theory: Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173–206. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x

Hakim, C. (2012). Capital erótico: El poder de fascinar así en los negocios como en el amor. Debate.

Wolf, N. (2021). El mito de la belleza (Original publicado en 1991). Editorial Contraluz.


Justicia para Linda Loaiza

Justicia para Linda Loaiza

Reina Baiz Villafranca


Linda Loaiza tenía 18 años de edad, cuando desaparece por casi cuatro meses, desde el 27 de marzo al 19 de julio de 2001, siendo sometida a diversos actos aberrantes de torturas, violencias física, verbal, psicológica, sexual, desnudez forzada, violaciones, amenazas y humillaciones, forzada a ingerir alcohol, drogas y medicamentos para someterla, además de privándola de alimentos.


Logrando ser rescatada, al gritar por auxilio, lo que llevó a que personal policial y del cuerpo de bomberos se apersonaran en el lugar y lograran ingresar escalando al apartamento en el que se encontraba privada de libertad. Una vez rescatada, como consecuencia de las múltiples lesiones que presentaba, tuvo que pasar casi un año hospitalizada y someterse a más de 15 cirugías, incluidas la reconstrucción de los labios, de la nariz, del pabellón auricular izquierdo.


Desde el momento del rescate, se inicia la investigación penal, llegando a dos juicios orales, siendo el primero anulado, y en el segundo proceso penal, Luis Antonio Carrera Almoina fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por el delito de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura, y su padre Gustavo Luis Carrera Damas, su novia Leyda Reina Torres, fueron acusado/a por otros hechos concomitantes (peculado y encubrimiento, entre otros), siendo absueltas/os de todos los delitos, declarándose en el año 2008 cumplida la pena. No obstante, producto de un recurso de revisión, interpuesto por el Ministerio Púbico en el 2015, el Tribunal Supremo de Justicia, en 2016 ordenó la revisión del proceso en lo atinente al delito de violación.


En los terribles hechos en los que fue afectada Linda Loaiza, existe una forma de violencia que quedó en ese momento y todavía queda impune, como son las DESAPARICIONES DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, lamentablemente en Venezuela como en muchos países no se encuentra tipificada como forma ni como delito de violencia contra las mujeres, por ello no existen protocolos para la búsqueda, investigación y rescate de las desaparecidas, todavía hoy en día operan prejuicios, como “se fue voluntariamente con el novio”, sin considerar que las desapariciones tienen conexión directa con otras formas aberrantes de violencias como la esclavitud sexual, las torturas, entre otras.


De hecho, la hermana de Linda, de nombre Ana López Soto señaló haber concurrido en seis (6) oportunidades a la Policía Técnica Judicial (PTJ, actualmente CICPC) que se encontraba ubicada en la Avenida Urdaneta de Caracas, para poner en conocimiento de las autoridades policiales la desaparición de su hermana, jamás entregaron constancias, comprobantes de todas las veces que asistió, negando las autoridades que se hubiera interpuesto una denuncia, finalmente fue el 26 de mayo de 2001 cuando fue procesada una denuncia, por el delito de amenaza de muerte realizada por Luis Antonio Carrera Almoina, existente en la legislación Venezolana, a pesar que la Corte Interamericana le solicitó al Estado Venezolano, remitir copia completa de la misma, nunca fueron entregadas.


En este sentido, Ana señaló en reiteradas oportunidades haber concurrido ante la policía para denunciar la desaparición de su hermana, previo a la denuncia por amenazas, llegando afirmar que la respuesta recibida del personal policial siempre fue que era una cuestión de pareja y que no debía interferir, sus denuncias no fueron procesadas adecuadamente, por la incidencia de los estereotipos de género negativos, las actitudes sexistas bajo los cuales se entiende que las cuestiones de pareja deben quedar exentas de la intervención estatal.


Ante la negativa a recibir la denuncia, la Corte Interamericana consideró que la noticia de un secuestro o de una desaparición de una mujer debe activar el deber de debida diligencia reforzado del Estado, toda vez que esas circunstancias generan un escenario propicio para la comisión de actos de violencia contra la mujer, e implican una particular vulnerabilidad a sufrir actos de violencia sexual, lo que de por sí conlleva un riesgo a la vida y a la integridad de la mujer, independientemente de un contexto determinado. Así lo reconoce la propia Convención de Belém do Pará en su artículo 2, al enlistar el secuestro como una de las conductas comprendidas dentro del concepto de violencia contra la mujer. Ahora bien, la aquiescencia generaría un nivel de responsabilidad más directo que aquel derivado del análisis del riesgo, por cuanto aquél comporta un consentimiento del Estado al accionar del particular, sea por la inacción deliberada o por su propio accionar al haber generado las condiciones que permitan que el hecho sea ejecutado por los particulares.


Precisamente la inacción del Estado Venezolano se evidencia en que Linda Loaiza desaparece el 27 de marzo de 2001, siendo procesada la denuncia el 26 de mayo de 2001, por el delito de amenazas en perjuicio de Ana (hermana de Linda), pero nunca por la desaparición de Linda, casi dos meses transcurrieron y las autoridades nunca la buscaron, permitiendo al agresor ejecutar todos los actos de violencias, finalmente el rescate se produce por un llamado de auxilio que realizó la misma Linda a vecinos y vecinas del sector en el que se encontraba, pero jamás por las labores de investigación penal, además con la aprobación de la Recomendación General N° 2 (2018) del MESECVI se puede llegar a pensar que la situación mejoró desde el 2001, pero no ha sido así, en Venezuela en el año 2026, todavía no se encuentra tipificado el delito de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, ni protocolos de búsqueda, rescate e investigación, ni siquiera un registro de personas desaparecidas, no se cuentan tampoco con sistemas de alertas como la Alerta Amber.


Evidentemente como se plasma en la crítica feminista al DERECHO ni la legislación ni el Sistema de Administración de Justicia existente en la época eran “NEUTRALES”, no existe tal neutralidad, mostrándose con la denominada Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, se enfocaba solamente en la violencia familiar, excluyendo otras formas de violencias, por su parte, ni siquiera en el Código Penal se encuentra la Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, en los casos de delitos sexuales se consideraban y todavía aparece como “contra la moral y el buen orden de las familias”, por supuesto que las instituciones que conforman el Sistema de Justicia se encontraban conformadas por PERSONAS, que han naturalizado, asumiendo como legitimas las actitudes sexistas, y reproducen el sistema socio cultural imperante, con ellos los sesgos de género.


Venezuela se caracteriza por ser uno de los países con régimen de bienestar FAMILIARISTA caracterizándose por la informalidad en su organización productiva, mercados laborales débiles, dependiendo de arreglos familiares y comunitarios para acceder al bienestar, mercados laborales y políticas públicas excluyentes (Rodríguez, Corina, p.12), afectando el acceso de adolescentes y mujeres a medios de vidas, quedando expuestas a condiciones de vulnerabilidad ante las redes de explotación sexual, esclavitud sexual.


Destacando Juanita Mendoza que “la jurisprudencia feminista se plantea el reto de cambiar cualitativamente el sistema jurídico, al propugnar que la voz de las mujeres sea tomada en cuenta en la elaboración de las normas, la justificación de las instituciones jurídicas, y el enfoque de la práctica jurídica”, en este sentido, los aberrantes hechos ejecutados contra Linda Loaiza generaron conmoción, evidenciando la necesidad de cambiar la normativa, así como la persistencia y tenacidad en la búsqueda de la justicia, protección, reparación integral y garantías de no repetición, al realizar Linda una huelga de hambre frente a las puertas del TSJ, durante trece (13) días, y otras acciones acompañadas con los movimientos feministas venezolanos, evidenciando la necesidad de cambiar la legislación existente, transformándose en el motor para el cambio de paradigma y la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, siendo aprobada en el año 2007, hasta la presente fecha tiene dos reformas en los años 2014 y 2021, pasando de un enfoque doméstico / familiar a un enfoque de género, de hecho en la última reforma se establece la obligación para toda la institucionalidad, de aplicar los enfoques de Derechos Humanos, Género, Interseccional, Intercultural, Feminista, Generacional, Integral en todas las actuaciones y decisiones.


En la referida Ley se evidencia la importancia de la interpretación y aplicación de la misma, para ello es necesario un proceso de sensibilización y formación permanente de servidoras y servidores del Sistema de Justicia, entendiendo el impacto que tienen las normas culturales, actitudes sexistas en el momento de interpretar y aplicar la Ley, que puede conducir a la impunidad de los hechos.


Es así como coincido con Rein, Tatiana quien señala lo fundamental que la justicia resulte accesible para las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito formal y material, comprendiendo el acceso formal a la operatividad de los tribunales y el alcance de sus ámbitos de competencia en contextos de restricciones en su funcionamiento debido a las pandemias, mientras el ámbito material concierne a la cercanía de estos servicios legales para todas las mujeres afectadas, independientemente que se encuentren en zonas rurales, en las desapariciones que no interfieran prejuicios de género en sus investigaciones para la búsqueda y el rescate de las mismas.


Siendo oportuno reflexionar sobre el texto de Ruth Rubio Marín (1999, p.72) quien indica que “Sólo una pequeña fracción, de las violaciones se denuncian. Sólo una pequeña fracción, de las violaciones denunciadas, acaban en un juicio penal. Sólo una pequeña fracción, de los juicios por violación, acaban en una condena. A menudo las condenas por violación son cortas. De todo ello, se colige que la mayor parte, de los violadores siguen viviendo libremente en sociedad, sin que se detecte su existencia, se castigue su crimen, o se les someta a rehabilitación. Por todo lo anterior, las víctimas de los delitos sexuales, en su mayor parte, mujeres, están en una situación de desventaja comparativa frente a los perpetradores de dichos crímenes, en su mayor parte, hombres”, surgiendo una serie de interrogantes que invitan a reflexionar ¿todas las sobrevivientes de violencias sexuales deciden romper el silencio para denunciar? ¿por qué las sobrevivientes de violencias sexuales que han denunciado deciden no continuar hasta el juicio? ¿todos los delitos sexuales son debidamente sancionados? ¿las sobrevivientes de violencias sexuales son reparadas integralmente? ¿Cuántas violencias sexuales quedan impunes? Podemos tener otras interrogantes, pero la realidad que se refleja en el texto citado, la comparación entre las violaciones denunciadas y las condenadas se reducen significativamente, todo ello se ejemplifica en el largo y tortuoso proceso vivido por Linda desde el 2001 al 2026, han transcurrido más de 25 años sin recibir justicia, ni reparación integral.


En todo lo descrito, coincido con Consuelo Bowen (2025) al afirmar que “una justicia que no comprende no es justicia” (p. 98), porque en definitiva la verdadera justicia es la que tiene la capacidad de transformar a las personas y las realidades.


Nuestra Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como una de las finalidades de la normativa producir cambios en los patrones socioculturales patriarcales, por ello se hace énfasis en la prevención, sensibilización y formación en igualdad de género, la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, la importancia de un abordaje integral e interdisciplinario.


Finalmente, es esencial escuchar las voces de niñas, adolescentes y mujeres al momento de la elaboración de las normativas, políticas públicas judiciales, así como establecer los servicios de atención integral de las violencias basadas en género, para así devolverles la autonomía e independencia que les ha sido arrebatada con los hechos de violencias, permitiendo un verdadero acceso a la justicia desde un enfoque de género, superando los sesgos, las actitudes sexistas y prejuicios que pueden operar.


Fuente:  https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_362_esp.pdf

¿DÓNDE ESTÁN? Desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres

¿DÓNDE ESTÁN? Desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres

Reina Baiz Villafranca

@AbogadaReinaBaiz


Con la interrogante ¿Dónde están? Se interpela directamente al Estado, a la sociedad, que han fallado en proteger la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, no se puede analizar como un delito penal ordinario, todo lo contrario, se trata de una forma de violencia de género extrema, en la que se utiliza la ausencia como una herramienta de control, terror y deshumanización de los cuerpos feminizados.


Para entender, la magnitud del problema, solamente en un fin de semana, entre el 20 al 22 de marzo de 2026, en el estado de México, desaparecieron nueve (9) niños, niñas y adolescentes, información que se conoce, porque se lleva un registro de personas desaparecidas.


Pero ¿qué ocurre en los países en los que no se cuenta con registros? Tiende a ser una realidad invisibilizada, las personas lo consideran como un riesgo lejano, que no les puede afectar, llegando a subestimarlo.


Desde una perspectiva feminista, la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres no es un evento aislado, sino el punto álgido dentro del continuum de violencias, se encuentran estrechamente relacionadas con la explotación sexual, el feminicidio íntimo y la trata, en contraste las desapariciones masculinas suelen estar vinculadas a la criminalidad organizada, el control territorial.


Efectivamente, las desapariciones de niñas, adolescentes tienen conexión contras formas de violencias basadas en género, destacándose:


  • Trata y explotación: están vinculadas a redes de captación que operan tanto en entornos físicos, territoriales como digitales.

  • Feminicidio (sexual, íntimo, por ocultamiento): La desaparición puede ser la fase posterior a un feminicidio, que busca eliminar la evidencia física del crimen, asegurando la impunidad, pensando que si no existe cuerpo no pueden imputar la comisión de un delito.


En este sentido, Segato (2013) señala que el cuerpo de la mujer se convierte en un «territorio» donde se escriben mensajes de poder, funcionando la desaparición como una estrategia de impunidad, al no haber cuerpo, no hay delito aparente, lo que diluye la responsabilidad de la persona agresora y la capacidad de respuesta del Estado.


En la institucionalidad existen sesgos de género, actitudes sexistas, así como la utilización de estereotipos para justificar la ausencia de la niña, adolescente o mujer, con frases que van desde «se fue con el novio«, «tenía problemas en casa«, retrasando la activación de protocolos críticos como las alertas, el inicio de las investigaciones para la búsqueda y rescate.


Precisamente «La inacción o la respuesta tardía de las autoridades ante una desaparición de mujer no es solo ineficiencia; es una forma de violencia institucional que convalida la agresión» (Lagarde, 2006), contribuyendo a la impunidad e incentivando esta forma de criminalidad.


Al no investigar el Estado, se convierte en cómplice por omisión, permitiendo que la estructura patriarcal se fortalezca a través del miedo, control y sometimiento a las familias. Frente a esto, han sido las madres y las feministas quienes han transformado el dolor en acción política, evidenciando que la justicia se logra con la movilización constante.


Finalmente, se requiere una debida diligencia reforzada con un enfoque de género, que deje de revictimizar a las sobrevivientes, porque no basta con localizar a las niñas, adolescentes y mujeres; es necesario desmantelar las estructuras de poder y las economías criminales que ven en el cuerpo femenino un objeto que se puede mercantilizar, explotar, descartar. La aparición con vida es la prioridad, pero también la justicia y la no repetición, son las únicas garantías de una sociedad realmente democrática.


Referencias bibliográficas 


Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. Desde el Feminismo, (4), 7-12.

Segato, R. L. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Tinta Limón.