Por Claudia Vargas-Ribas 1
Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) actualmente hay más de 7 millones de venezolano/as que han emigrado, eso significa que 22% de su población está fuera del país, la mayoría se encuentra en países de América Latina y el Caribe (LAC) y más específicamente en países andinos: Colombia, Perú y Ecuador, en ese orden. Sin embargo, la salida de estas personas -según el período y contexto en el que lo hicieron- ha sido diferente, a partir del año 2016 la población que sale de Venezuela lo hace en condiciones de mayor vulnerabilidad; las rutas terrestres comienzan a ser más frecuentes, incluso algunas personas hicieron el trayecto caminando, otras por la urgencia y necesidad de la salida viajaban sin documentos básicos (pasaporte, apostillas, visas, permisos) o apenas con su identificación y también con escasos recursos económicos, se estima que entre finales del año 2016 y 2018 emigraron de Venezuela unas 2.791.212 personas (con datos R4V).
Esa cifra que daba cuenta de la emergencia humanitaria en Venezuela significó para los países un inesperado y acelerado aumento -en poco tiempo- de población migrante, por lo que las respuestas implementadas obedecían a la emergencia del momento, pero no a la complejidad del fenómeno. Una de las principales “medidas” que tomaron de forma progresiva y con un efecto cadena en los principales países receptores, fue la solicitud de requisitos y/o visas para la entrada de venezolanos/as con el objetivo de “controlar y ordenar” esta migración (ver cuadro de infografía con países y fecha de implementación). Este hecho claramente no detuvo la entrada, pero por las condiciones en las que migraban la mayoría no podían cumplir con tales requisitos, aumentando así la vulnerabilidad de estas personas que para llegar a estos destinos, no solo tuvieron que exponerse por caminos irregulares, redes de “coyotes” y afines, sino que además tenían una situación administrativa irregular que ya los condicionaba a empleos precarios o a la informalidad laboral, nula o escasa integración y dificultad para el acceso a derechos básicos (vivienda, alimentación, salud y educación) situación que la pandemia y sus efectos agudizó.
Este contexto nos lleva a pensar sobre la capacidad o libertad efectiva de movilidad que tiene la población venezolana, para hacerlo consultamos la más reciente publicación de “Henley Passport Index” 2 . Este índice nos muestra que Venezuela tiene acceso a 126 países “sin necesidad” de una visa, a simple vista pareciera indicar que el pasaporte venezolano (para quienes lo tienen) posee gran apertura, pero hay algunos elementos de esta misma publicación que vale la pena resaltar y que muestran que la cantidad no es sinónimo de mayor acceso:
- Junto al “Passport index”, el Henley Passport Power nos señala que no solo la cantidad de destinos a los que se tiene acceso son importantes, sino la proporción del PIB global que tienen estos países. En el caso de Venezuela, los destinos a los que puede ir nuestros ciudadanos y ciudadanas, sin requerir visa, representan el 32,05% del PIB mundial. Usando esta referencia como un indicador del “poder económico” que tiene el pasaporte venezolano en particular, observamos que se ubica en una de las posiciones más bajas de la clasificación del “Passport index”, lo cual a su vez, refleja las limitadas alternativas que tiene la migración para mejorar sus condiciones socioeconómicas al salir del país.
- Otro punto de interés del índice es que ratifica lo señalado en párrafos precedentes, la mayoría de los países donde están los/as venezolanos/as o a los que pudieran emigrar por cercanía geográfica, cultural o proceso de reunificación familiar (algunas islas del Caribe, países andinos exceptuando Colombia) tienen restricción de entrada.
- En resumen, la población venezolana tiene movilidad internacional limitada, incluso aunque posea un pasaporte, lo cual también en términos de precios y tramites no es tan accesible para la población en Venezuela.
Este breve contexto de la situación de movilidad y migración venezolana actual evidencia las restricciones generales que existen para movernos, incluso si no tuviéramos intención de irnos de Venezuela, al mismo tiempo que para aquellas personas que lo han hecho supone limitaciones para la integración y acceso a derechos. Muchas de las políticas en la región de LAC, donde hay más población venezolana, no han trascendido de mecanismos ad hoc, procedimientos transitorios de regularización o no han considerado que las propias barreras impuestas para evitar su entrada han hecho más difícil cubrir costos y/o procedimientos para poder regularizarse, convirtiéndose este proceso en un eterno circulo de limitaciones. Es necesario desde nuestros espacios revisar y sistematizar los mecanismos existentes en la región, identificar qué países han tenido mejores prácticas en este proceso y comenzar a desarrollar recomendaciones hacia soluciones más duraderas en esta materia que finalmente supone el derecho a circular libremente.
ARTÍCULO CON EL CUADRO DE PAISES QUE SOLICITAN VISAS
1 Profesora e investigadora en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Socióloga, Magister en Ciencia Política especializada en Políticas públicas, migración general y migración venezolana. Investigadora de Éxodo, A.C.
2 El índice de pasaportes de Henley (HPI) es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa y se basa en datos exclusivos y oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA ). La metodología de este informe señala que se miden 227 destinos y 193 países. Disponible en: https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2023-q3
3 El costo de pasaporte por 10 años cuesta $203 y el salario mínimo, según la moneda de cambio y el promedio de bonificaciones aprobadas que no son para toda la población, no pasa de $50 al mes. La otra limitación es geográfica, las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) no siempre son accesibles para todas las personas en Venezuela, en el caso de quienes no viven en ciudades principales de los estados o en zonas rurales, además del costo del trámite deben agregar costos de desplazamiento.